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El caso de las clínicas de IDental,  sigue en el estrado. Donde decenas de miles de personas, en su mayoría de escasos ingresos, quedaron con sus tratamientos odontológicos sin terminar o parcialmente realizados. Cuando muchas de esas personas se endeudaron con diferentes entidades bancarias para poder  pagarlos.

En consecuencia, la ciudadanía afectada protesta por el cierre de iDental. Y el juez procesa al grupo odontológico por fraude de 23 millones de euros a Seguridad Social.

Como se desarrollaron los hechos

Dos semanas atrás cerró la primera y poco conocida de sus ramas. La investigación se realizó por 24 delitos perpetrados a la seguridad social con carácter agravado. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata veló por los afectados de iDental ante las autoridades financieras. Y también concluyó la investigación contra la cúpula del imperio empresarial y de su sucesora Institutos Odontológicos Asociados (IOA).

El juez De la Mata atribuye a siete personas la responsabilidad del fraude. Entre ellos Luis Sans y los hermanos Juan y José María Garrido. El fraude, por impago de cuotas de los seguros sociales de sus trabajadores  fue por el valor de 23,62 millones de euros, entre diciembre de 2015 y noviembre de 2018.

En una resolución notificada el 24 de mayo, el juez da por finalizada la investigación y abre juicio para juzgar a los siete imputados. La pena contemplada en el código penal para castigar este tipo de delitos es entre dos y seis años de prisión. Además de una multa de hasta seis veces la cuota defraudada.

El grupo IDental estaba formado por 55 sociedades. Disponían de clínicas y talleres odontológicos, sociedades de servicios que funcionaban como una sola entidad. Las clínicas, según el juez, funcionaban como una “estafa piramidal”.

Por una parte, los pacientes con problemas bucodentales reclamaban los servicios médicos por los que se habían endeudado, lo que contemplaba un gasto para iDental. Y al mismo tiempo, el grupo captaba nuevos clientes que financiaran al sistema.

Un porcentaje de los fondos captados de los clientes se desviaban a cuentas corrientes de Sans Huecas y los hermanos Garrido. Según arrojó la investigación judicial. Los principales responsables no dudaron en repartir dividendos millonarios anticipados, mientras evitaban sus obligaciones de pago a Tesorería de la Seguridad Social. 

El juez  señala que el grupo odontológico, evitó con conciencia el pago de las cuotas de las empresas que se quedaban sin trabajadores y por supuesto sin actividad. Además, de forma ilegal, sus responsables solicitaron aplazamientos de los pagos para paralizar embargos de cuentas y terminales de pago de tarjeta. Mientras tanto, desviaban  buena parte de los fondos a sus cuentas particulares o a la de sus testaferros.

José Luis González, uno de los testaferros, tiene por lo menos 19 reseñas policiales, seis de ellas por estafa. Además del dinero que obtenían por los pacientes, el grupo supuestamente también defraudó a Bankia  por 54 millones de euros.

El juicio está por iniciar

El magistrado está por iniciar juicio a los primeros administradores del grupo, Vicente Castañer y Antonio Javier García Pellicer. Asimismo a los posteriores propietarios, los hermanos José María Garrido López y Juan Garrido López y Luis Sans Huecas. Igualmente a dos personas que colaboraron en el proceso de fraude, José Luis González y Domingo Bejarano Calabuig (testaferros).

En el fraude, según el juez, se distinguen tres etapas muy claras. La primera donde se acumularon 8,5 millones de deuda. Estaba al frente de las 55 empresas del grupo Castañer y García Pellicer. Los impagos acumulados se realizaron en distintos periodos de los años 2015, 2016 y 2017.

Una segunda etapa donde los impagos alcanzaron 16,6 millones de euros. La responsabilidad recae en Sans y los hermanos Garrido López, mientras González cooperaba como testaferro.

A esto se suma una tercera etapa. Cuando el grupo trató de repetir la estafa con el Instituto Odontológico Asociados. Dejaron de abonarse 1,7 millones de euros. Los impagos corresponden desde 2017 a noviembre de 2018. El juez responsabiliza a Sans, los hermanos Garrido y a Domingo Bejarano Calabuig.

Los afectados se mantienen en pie de lucha por sus derechos. El juez continua con el proceso para hacer justicia.

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